viernes, 9 de octubre de 2009

Ley de Servicios Audiovisuales. Para saber qué pasa en la actualidad.


Es importante saber conocer por qué se trata tanto el tema proyecto de ley de los medios en los medios de Argentina.
Vamos a analizar un artículo que se ha publicado en http://www.educared.org.ar/enfoco/caleidoscopio/2009/09_18/index.asp para poder entender porqué tanta polémica en estos días.

Ley de Servicios Audiovisuales
El jueves 28 de agosto la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentó por cadena nacional y envió al Congreso el nuevo proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual. El origen del proyecto se remonta a fines de 2003, cuando se constituyó la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Allí, diversos sectores de la sociedad civil, ligados al trabajo con medios de comunicación social, comenzaron a debatir una propuesta que contemplara cambios profundos en la regulación de la televisión y la radio argentina. Finalmente se elaboraron 21 puntos, que resumían las expectativas de un gran abanico de actores sociales y culturales del país. Participaron las universidades nacionales, los gremios de la comunicación afiliados a la CGT y la CTA, los organismos de Derechos Humanos y cooperativas y un amplio espectro de comunicadores con larga trayectoria en los medios nacionales. También lo hicieron numerosos colectivos periodísticos locales y autogestionados que desde hace años intentan desarrollar la comunicación alternativa y comunitaria, es decir, no comercial.
Más allá del marco de disputa entre el gobierno nacional y algunos grupos mediáticos, el debate en torno a este proyecto de ley, implica pensar las formas de comunicación social de aquí a un futuro de mediano plazo. De aprobarse el proyecto, es posible que el mapa de medios de la Argentina se vea modificado, aún más en el interior del país. Se sumarán nuevos participantes y algunos de los actuales deberán reacomodarse a una nueva ley. Conjuntamente a este proceso de discusión, comenzaron los preparativos para la televisión digital, que en los próximos años (en diez estará definitivamente instalado) reemplazará al actual formato analógico. Este es un fenómeno tecnológico mundial, que va a permitir ver varias señales dónde hoy sólo vemos una, y se complementa con algunos aspectos del proyecto de ley.

¿Por qué discutir esto en la escuela?
En principio, porque la propuesta pone en debate las formas de acceder a la información y al conocimiento. Los especialistas de la educación señalan desde hace años la creciente vinculación entre enseñanza y medios de comunicación masivos. La nueva ley, de ser aprobada por los legisladores, asegurará un espacio importante a señales televisivas y radiales para las instituciones educativas nacionales, así como permitirá legalizar la situación de miles de FM que por no ser empresas comerciales hoy están inhabilitadas para tramitar un permiso oficial. En un sentido más amplio, el debate actual en torno a los medios de comunicación puede ser útil para pensarlos críticamente junto a los jóvenes. El debate en la escuela puede ayudar a formar una conciencia crítica respecto de los medios y que su discurso no sea incorporado como algo natural y definitivo por parte de las alumnas y alumnos.

¿De qué se trata?
Como se dijo antes, la base para la constitución de este proyecto de ley fueron las ideas plasmadas en los “21 puntos” elaborados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática. Pero la participación de la sociedad civil fue aún mayor. Sabiendo las resistencias que un nuevo marco regulatorio sobre los medios tendría en numerosos grupos económicos y políticos, el titular del Comfer (Comité Federal de Radiodifusión), Gabriel Mariotto, llevó la discusión del anteproyecto –una especie de borrador que se trabaja antes de ser formalmente presentado en el Congreso- a todo el país. Mediante la forma de asambleas públicas, foros de debate y charlas de especialistas, la propuesta recorrió distintas regiones, dónde los actores locales involucrados hicieron oír sus voces y, en algunos casos, lograron modificaciones parciales.Finalmente, el proyecto recoge muchas inquietudes que los sectores menos favorecidos de la comunicación social venían proponiendo. Sin embargo no cuenta con el apoyo de las cámaras empresarias del sector, ni con la aprobación de los grandes grupos mediáticos del país.

Dos aspectos previos:
1- Es importante tener en cuenta el alcance del proyecto. La ley se limitaría a regular la radio y la televisión. Los demás medios de comunicación –como los diarios, revistas e internet, por ejemplo- seguirán con la legislación actual.
2- El proyecto plantea la regulación de señales de aire y cable. Las señales –ya sea de radio, o de televisión- son conocidas como el “espectro radioeléctrico” y son limitadas, por lo que el Estado debe administrar quién y cómo las utiliza. El cable, si bien no es una señal, y por lo tanto no tiene las mismas limitaciones de contenido, hace al negocio global de la televisión y por lo tanto queda dentro de esta regulación.

Los puntos principales:
Uno de los más salientes es la fijación de porcentajes para otorgar las licencias. La ley establece un tercio para las empresas comerciales (los canales y radios privadas), un tercio para el Estado (como los actuales canales públicos canal 7 y Encuentro, y las Radio Nacional, Folclórica, Clásica, etc.) y otro tercio para ONGs (canales y radios para universidades, escuelas, sindicatos, iglesias, cooperativas sin fines de lucro, etc.). Ante el inminente cambio tecnológico, que permitirá aumentar la cantidad de señales por 5 o 6, este punto es fundamental porque impone un esquema totalmente distinto al actual, que sólo contempla a la actividad privada y un pequeño espacio para el Estado.

El otro tema de gran repercusión respecto a la ley es el límite a la concentración: Tanto la radio como la televisión funcionan a partir de permisos (licencias) que otorga el Estado para el uso de un fragmento del espacio radioeléctrico. Con la vieja ley, una persona o empresa podía tener hasta 24 licencias para radio y televisión, con la actual propuesta, este número baja a 10. Los aspectos anti monopólicos son tal vez más fuertes en el punto que legisla sobre la prohibición de ser a la vez productor de contenidos y distribuidor de señal. Concretamente, esto lleva a que los grandes conglomerados de medios deban elegir entre sus canales de televisión y sus empresas de cable.

También, y esto es particularmente importante en las ciudades medianas y pequeñas, la nueva ley fija un máximo de 3 licencias para una misma persona o empresa para el ámbito local. De esta manera se busca frenar una realidad recurrente del interior: en las ciudades de menor población dónde económicamente no es viable un número grande de radios y canales de televisión, la concentración puede llegar a ser totalmente monopólica. La norma establece que no se podrá tener más de una radio am, una FM, y un canal abierto o de cable. Y la suma no puede superar a tres, impidiendo así que un solo actor tenga la llave de todas las vías de información en las localidades de menor tamaño.Finalmente, y también relacionado con el objetivo de no permitir el control de los medios en pocas manos, se fija un límite a la porción del mercado que una sola empresa operadora de cable puede administrar. Ningún cable operador podrá tener más del 35% del total de abonados en el país. Actualmente la fusión Multicanal-Cablevisión, también del grupo Clarín, absorbió al 48% del mercado nacional de cable.
La ley también crea algunos parámetros respecto de los contenidos. Para la televisión abierta, fija un 60% de producción nacional. Este punto tiene como finalidad reforzar a las producciones, productores y gremios de actores, que muchas veces se ven desplazados cuando los canales compran producciones extranjeras de bajo costo. También se incluye un 30% de producción propia que incluya informativos locales. Esto es particularmente sensible en el interior del país. En muchas localidades pequeñas y medianas del interior, los únicos noticieros a los que la población tiene acceso son los producidos por los grandes canales de Buenos Aires. De esta forma, un habitante de Salta por ejemplo, puede estar informado de los problemas de tránsito en la Avenida Lugones o la 9 de Julio, pero desconocer aspectos relevantes de su propia realidad regional.
Se contempla también una cuota anual de trasmisiones dedicadas al cine nacional. Cada licenciatario, tanto de televisión abierta como de cable, deberá comprar los derechos de 6 películas argentinas a estrenar, de las cuelas 3 pueden ser telefilms, pero también producidos localmente. Este punto se asemeja a la política cultural en muchos países europeos que, intentando frenar el avance de la producción cinematográfica norteamericana, fijan porcentajes para el cine de sus respectivos países. De esta manera, financian parte de su producción y estimulan a los espectadores a conocer las manifestaciones artísticas locales.

Por último, el proyecto tiene algunos puntos dedicados a temas específicos, pero relevantes: fija límites a los tiempos de la publicidad (12 minutos para la televisión) así como prohíbe que existan diferencias de volumen entre la pauta y los bloques del programa. Se prohíbe taxativamente cualquier difusión de contenidos antidiscriminatorios por raza, sexo, idioma, religión, orientación política, etc. Se otorga el derecho al acceso de frecuencias de radio y televisión a los Pueblos Originarios y se obliga a los operadores de cable a ceder una señal a cada Universidad Nacional, dentro del rango de su propia región.


Es claro que más allá de estas cuestiones, el debate de la Ley arrastra otras cuestiones de puja política y económica entre sus impulsores y sus detractores. También es notorio que tratándose de un tema que toca concretamente los intereses de los propios medios de comunicación, el tratamiento de esta ley por parte de ellos esté inevitablemente contaminado por segundas intenciones. Este escenario acentúa la importancia de informarnos por distintas vías, de cruzar lecturas y debates, para lograr formarnos nuestra propia opinión, y no terminar siendo “hablados” por otros. La discusión en torno al proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual puede ser una herramienta para ejercitar la independencia de criterio y trabajar concretamente con las alumnas y alumnos un aspecto central de la enseñanza y la democracia: el debate y la libertad de expresión.
María Ernestina Alonso y Federico VázquezBuenos Aires, 16 de septiembre de 2009

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